Vivienda digna: un desafío posible.

En el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), Daniela Gargantini, estudia diversas salidas al problema habitacional de diferentes localidades Cordobesas. Según cuenta la investigadora, los municipios intermedios –de entre diez y cien mil habitantes-, son los que mayor crecimiento de demanda habitacional tienen y la problemática afecta principalmente a la clase media-baja. La perspectiva desde la que realiza sus investigaciones implica una mirada superadora que intenta ver más allá de la vivienda como producto.

“La vivienda digna es un derecho constitucional y como técnicos del Estado queremos colaborar para que las acciones que desde allí se realizan sean más eficaces”, explica la investigadora. En consecuencia, estudian procesos de gestión vinculados a la producción habitacional, no sólo respecto a la vivienda como objeto físico sino como hábitat desde una concepción integral. El grupo de investigación realiza estudios y relevamientos en municipios del país para identificar casos exitosos que puedan imitarse y propone alternativas adecuadas para cada contexto. Esta labor es llevada a cabo en articulación con otros actores sociales, como organizaciones, empresas y organismos del estado a diferentes niveles. Desde la perspectiva del Centro Experimental de la Vivienda Económica, ámbito de inserción de dichos estudios, los conocimientos que se van desarrollando sirven para mejorar las instancias de transferencias y capacitación que se desarrollan.

“Los procesos de gestión refieren a una mirada amplia que excede a la producción de viviendas en sí y contempla cuestiones relativas a la planificación y organización de los municipios para atender integralmente el problema del hábitat”, comenta la investigadora. Esto implica tener en cuenta factores como el acceso a suelo, el financiamiento y el asesoramiento técnico, entre otros. Daniela Gargantini estudia diferentes soluciones trabajando de manera mancomunada con diversos actores en el terreno.

Acceso al suelo

En el país, en los últimos años tuvo lugar un boom inmobiliario que produjo un aumento en el valor de la construcción y los alquileres. Además se recuperó el interés de los inversores en ciertas zonas que antes permanecían olvidadas por lo que se fue dificultando el acceso a la vivienda por parte de las familias de clases bajas y medias.
Entre las líneas de estudio y trabajo que aborda el grupo se destacan las relacionadas al acceso al suelo y a la regularización de terrenos ocupados. “Algunos becarios estudian herramientas legales, de planificación urbana y de formulación de políticas habitacionales y, como institución se ha contribuido en la elaboración de una serie de propuestas legislativas para mejorar las políticas de ordenamiento territorial y acceso al hábitat en el país”, comenta Gargantini.

En este sentido, el CEVE busca incidir en las políticas públicas por lo que, en conjunto con otras organizaciones, a través del espacio Habitar Argentina –compuesto por ONGs y científicos-, ha presentado cuatro proyectos de ley al Senado de la Nación que hoy tienen estado parlamentario. Además se han hecho aportes a la reforma del Código Civil, para favorecer los procesos de regularización de la propiedad, entre otros puntos.

Mecanismos de financiamiento

El grupo liderado por Gargantini busca identificar estrategias de financiamiento alternativo que contemplen las posibilidades reales de aquellos sectores de la población que no pueden acceder a créditos de la banca privada. De esta manera intenta brindar soluciones que complementen a las propuestas por el estado, a partir del relevamiento de experiencias exitosas adaptadas para ser aplicadas en contextos diferentes.

Una de las posibilidades son los círculos de ahorro que consisten en grupos pequeños de familias que pueden aportar una pequeña cuota poniendo en marcha un sistema de producción de vivienda donde el Estado puede, por ejemplo, ceder los terrenos u otros recursos necesarios. Este sistema es apropiado para los sectores medios que no tienen acceso a un crédito pero sí una pequeña capacidad de ahorro mensual.

No obstante esta modalidad no es adecuada para las clases bajas que no suelen tener ingresos fijos. En este caso, una buena salida la constituyen los fondos de microcréditos, los bancos de materiales y los corralones sociales donde las familias hacen aportes no sólo en dinero sino, además, en horas de trabajo, ya sea para la producción de materiales o para la construcción en sí, aprovechando los conocimientos y habilidades que poseen.

Finalmente existe la opción de las viviendas en comodato implementada en algunos municipios. De acuerdo al nivel de ingreso se puede acceder a una vivienda pagando un monto mensual, similar al de un alquiler. Cuando la familia crece, cambian los ingresos o las necesidades, se puede ceder esa primera vivienda, incrementar el valor de las cuotas, y cambiar a una más amplia. “Es un mecanismo en el que al final del camino llegas a ser propietario, pero en el medio tu vivienda va cambiando de acuerdo a tu ingreso y composición familiar”, sostiene Gargantini.

Sistemas de asesoramiento técnico

La mayor parte de las construcciones y reformas que realizan los sectores medios y bajos de manera independiente, no cuentan con el asesoramiento técnico adecuado. “La idea es que las familias que tienen los recursos para construir y reformar, puedan obtener apoyo técnico desde los municipios, sin necesidad de entrar en un programa oficial”, afirma la investigadora. El estudio de estas estrategias de asesoría es un objetivo a encarar por el equipo.

Otras consideraciones

La propuesta de la que parte el grupo no sólo se orienta a viviendas nuevas sino que busca contemplar el mejoramiento y completamiento de vivienda. Esto se debe a que casi dos tercios del déficit habitacional está compuesto por familias que sólo necesitan ampliar o mejorar sus viviendas.

• Por Mariela López Cordero.