Los pueblos originarios invisibilizados en la construcción de la historia de Córdoba

La ciudad de Córdoba fue fundada el 6 de julio de 1573, en la margen izquierda del río que los nativos llamaban Suquía, como un ‘puesto de avanzada’ con funciones administrativas de soporte a la campaña de colonización territorial. Tanto la fundación del fuerte como el trazado urbano original, con 70 manzanas cuadradas delimitadas por calles perpendiculares entre sí, fue producto de la actividad militar española. De acuerdo con Sonia Tell, investigadora del CONICET en el Instituto de Humanidades (IDH, CONICET-UNC): “Supuso un período inicial de guerra e invasión, más que de conquista, para someter a los pueblos originarios que habitaban en el territorio de la ciudad, sus alrededores y las riberas de los ríos Primero y Segundo y conseguir recursos para la subsistencia de la población española”.

En los primeros años de existencia de la aldea-fuerte de Córdoba, el asentamiento español era inestable y se regía por una economía sin mercado ni moneda. En las décadas siguientes, Córdoba transitó hacia la formación de una economía regional productora de excedentes exportables que se integró en los circuitos del emergente mercado interno colonial. Así, se consolidó como un importante centro de comercio, ya que por su territorio pasaban las principales rutas que comunicaban el Atlántico con los centros mineros andinos, Cuyo y el reino de Chile.

Como señala la especialista en historia colonial de sociedades campesinas e indígenas: “En Córdoba y en gran parte de la Gobernación del Tucumán, a diferencia de la zona andina, no había minería de oro o plata. Por ello, la riqueza que generaron las primeras huestes españolas, así como los posteriores ‘pobladores’ españoles y sus descendientes, estaba basada en la actividad de grandes estancias ganaderas, en el cultivo de algodón y en la manufactura textil. Sin la apropiación de tierras indígenas y la organización de un sistema de explotación extrema del trabajo indígena mediante la encomienda privada, no puede entenderse la consolidación de un importante estrato de productores y comerciantes en Córdoba”.

El sistema de encomienda de servicios personales consistía en la entrega, por merced del Rey, de pueblos indígenas de diverso tamaño a un español, a quien se le delegaba el cobro de tributos para la Corona, y el deber de tutelar y velar por la supervivencia de sus encomendados -bajo escaso control oficial-. La formalización de las tasas tributarias fue un proceso tardío en la Gobernación del Tucumán, por lo que la prestación de servicios personales por parte de los indígenas persistió como método de tributo hasta el siglo XVII. “Este trabajo lo realizaba toda la familia, desde niños hasta ancianos, y no tenía ningún tipo de retribución. En el siglo XVI, mediante un conjunto de ordenanzas, se legalizó un sistema de explotación con mínimas regulaciones como, por ejemplo, que los indígenas trabajaran desde el amanecer hasta media hora antes de la puesta de sol”, acota Tell.

Y añade: “La continuidad de esta política de entrega de encomiendas privadas en la Gobernación del Tucumán, prohibida en otros lugares del Virreinato del Perú, se explicaría porque la conquista de este territorio llevó 130 años. El premio para los españoles que participaron de esas actividades militares fueron las encomiendas privadas, además de la entrega de tierras declaradas como ‘vacías’. Si bien es cierto que había una altísima mortandad por las guerras y epidemias, en muchos casos esas tierras  eran vaciadas por los encomenderos, al distribuir a los pobladores entre sus distintas empresas productivas y residencias urbanas, o declaradas como vacías con argumentos falsos para poder apropiarse de ellas ”.

El sistema de encomiendas privadas implicó una fuerte caída demográfica indígena y una desestructuración de sus comunidades originales. “Era común que un encomendero dispusiera de mujeres y niños como sirvientes en su residencia urbana y/o en el casco de la estancia; mientras que los varones eran usados para transporte de mercancía y arriería de ganado, lo que los mantenía desplazados de sus territorios de origen. En el siglo XVII, familias sacadas por la fuerza de los Valles Calchaquíes luego de su conquista se agregan a la población nativa local en las encomiendas existentes. Además, podían agregarse individuos cautivos durante las entradas militares al Gran Chaco o a la frontera sur. Hubo encomiendas que sufrieron fragmentaciones y, con el tiempo, se dispersaron por el campo dando inicio a un complejo proceso de formación de población rururbana, mezclándose con afrodescendientes y con españoles o criollos pobres. En otros casos, los distintos grupos étnicos que fueron reducidos en un mismo pueblo de indios realmente lograron articular nuevas relaciones comunitarias. El impacto de la encomienda debe entenderse en todos estos sentidos”, reflexiona la historiadora.

Los pueblos de indios y el “barrio de indios” de Córdoba

Desde muy temprano, la Corona española desarrolló en sus colonias una política de reducción de las poblaciones nativas en los denominados ‘pueblos de indios’. Consistía en reunir a un grupo, parcialidad y/o pueblo indígena en una extensión territorial acotada, para controlarlos y evangelizarlos de modo eficiente. A cambio del derecho a usufructuar las tierras comunes otorgadas al pueblo de indios, los indígenas debían pagar un tributo –principalmente, en este período temprano colonial, en forma de trabajo manual–.

“La noción ibérica de una ‘vida cristiana y policía’ sólo era concebible en un tipo de asentamiento como el que imponían los pueblos de indios. En teoría, cada pueblo encomendado debía estar reducido en sus propias tierras, que no podían ser usadas por el encomendero para actividades productivas, y donde podían realizar prácticas agrícolas de subsistencia. Esos pueblos de indios tampoco debían albergar población española ni afrodescendiente. Por tanto, era una política de segregación socioterritorial que, en principio, estaba pensada para garantizar condiciones mínimas de reproducción de la población indígena que permitieran organizar su explotación sin desintegrarla. En la Gobernación del Tucumán, este sistema de reducción comenzó a aplicarse desde las Ordenanzas del oidor Alfaro de 1612, aunque con mucha dificultad”, describe Tell.

En Córdoba se organizó un asentamiento de esta naturaleza en los ejidos del oeste de la ciudad: el pueblo de indios de La Toma, también conocido como El Pueblito o El Pueblito de La Toma -denominaciones asociadas a su cercanía a la bocatoma de la acequia y a su condición de pueblo próximo a la ciudad-. Fue constituido en torno a 1670, bajo administración del Cabildo. En 13 hectáreas, instalaron a grupos de los Valles Calchaquíes junto a la población nativa local remanente -la que aparece mucho más invisibilizada en la documentación colonial-, y los obligaron a prestar servicios como acarreo de leña, mantenimiento y limpieza de la acequia principal de la ciudad.

Durante el siglo XVIII, el pueblo de La Toma estuvo constantemente asediado por los españoles interesados en acceder al agua de la acequia y a las fértiles tierras que ocupaba. Sin embargo, fue uno de los pocos pueblos de indios en la jurisdicción de Córdoba que logró retener tierras comunales hasta 1885, cuando finalmente se efectuó su expropiación y subdivisión.

Por último, la especialista advierte acerca de los vacíos que persisten en la historia indígena local: “Sabemos por datos muy dispersos en fuentes jesuitas que, desde antes de la conformación del pueblo de La Toma, existía población indígena residiendo en un ‘barrio de indios cerca de la ciudad’, del que no se conoce más información. Actualmente se está investigando la situación de los indígenas que cumplían la llamada ‘mita de plaza’, en la que realizaban tareas de mantenimiento urbano y obras como la reparación de la catedral. Estos tenían una autoridad indígena que los regulaba, quizás algunos incluso provenían de encomiendas privadas. También se está indagando sobre el ‘concierto indígena’, un tipo de contrato laboral para la prestación de servicios a cambio de un salario subvaluado, que comenzó a funcionar de forma regular en el siglo XVI y abasteció de mano de obra tanto a los españoles de la ciudad como a los dueños de estancias que no eran encomenderos”.

Con este escenario, es posible repensar la compleja y plural sociedad indígena de la ciudad de Córdoba, que en las construcciones tradicionales del pasado histórico aparece borrada y casi extinta. “En el mundo del trabajo indígena, la encomienda sobresale por presentar las peores condiciones, pero existían muchas otras relaciones laborales: indios de mita, indios de concierto, así como una creciente población indígena no reducida en el siglo XVIII. Toda esta complejidad de procesos implicó que la situación teórica de segregación territorial entre los indígenas y los vecinos españoles no se mantuviera en la práctica, y contribuyó a invisibilizar en la documentación colonial a la población indígena que no estaba agrupada en pueblos de indios reconocidos por los funcionarios coloniales”, concluye Tell.