Derecho al hábitat: impulsan herramientas para derribar barreras de acceso a la justicia territorial

Un equipo de investigación del Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) y profesionales de la Asociación de Vivienda Económica (AVE) llevan adelante un trabajo de investigación y asesoramiento técnico en el barrio de Alto Alberdi, de la ciudad de Córdoba, donde acompañan a familias en el camino de regularización dominial de los inmuebles donde residen.

A pesar de los años que llevan viviendo en sus casas -que en algunos casos supera los cincuenta años- una gran parte de los hogares que residen en el barrio, no cuentan con los títulos de propiedad y se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

Florencia Pasquale, investigadora de CEVE en el área de Justicia Territorial y coordinadora del proyecto, explica: “El proyecto involucra el abordaje de una manzana ubicada en el Pasaje Quevedo, dentro de la cual trabajamos con 39 posesiones que actualmente están avanzando con las mensuras individuales para preparar un proceso de usucapión posterior”.

La iniciativa es impulsada en articulación con el Centro Integrador Comunitario de Villa Siburu de la Municipalidad de Córdoba y cuenta con financiamiento internacional, otorgado por el Servicio Latinoamericano, Africano y Asiático de Vivienda Popular (SELAVIP).

A través del proyecto, el equipo de trabajo, integrado por investigadoras, profesionales y estudiantes, brinda acompañamiento técnico y jurídico a las familias, que además cuentan con el apoyo económico de SELAVIP para afrontar los costos de las mensuras y elaboración de los planos, requeridos para poder iniciar las acciones de regularización.

Érica Bargas es una de las moradoras del barrio que participa en el proyecto. Explica su situación de vulnerabilidad ante la irregularidad dominial: “Es como que estoy viviendo en un lugar donde no tienes nada, es como que no tengo nada”. 

La seguridad en la tenencia tiene impactos directos en la estabilidad, el bienestar y el desarrollo integral de una familia. “Yo soy la tercera generación en esta casa, soy nieta de la dueña y quisiera tener los papeles para tener una escritura a mi nombre, para estar más tranquila y para el futuro de mis hijos, más que todo”, comenta Bargas.

Para Nélida Bravis, vecina del Pasaje Quevedo, tener un título de propiedad a su nombre también es sinónimo de tranquilidad. “Antes de irme de este mundo, quiero tener un papel que esté a mi nombre. Tener los papeles de la casa para estar más tranquila, es algo para mí y mis hijos, y con buena ley, porque ante la ley yo pido lo mío”.

Seguridad jurídica como estrategia contra las barreras que impiden el derecho

El área de Justicia Territorial del CEVE investiga instrumentos jurídicos e institucionales de acceso a la vivienda, al hábitat y al suelo urbano, vinculados al género y al medio ambiente, desde una perspectiva de los derechos humanos.

Su modo de trabajo implica hacer investigación en territorio y crear herramientas que puedan ser insumos para la política pública. “Trabajar en una escala piloto y salir de la mirada de casos individuales, permite aproximarnos a insumos que, desde la investigación, nos genera la posibilidad de pensar en posibles herramientas para política pública”, comenta Pasquale.

El proyecto apunta a estudiar y atender las barreras de acceso a la justicia, es decir los obstáculos legales, económicos, institucionales, culturales o fácticos que impiden o limitan a las personas, especialmente a los grupos vulnerables, utilizar el sistema de justicia para hacer valer sus derechos cuando son amenazados o violados.

Los altos costos que debe afrontar un hogar para poder iniciar el proceso de regularización -honorarios profesionales, plano de mensura, tasas judiciales, informes catastrales, entre otros- y la situación de vulnerabilidad de las familias, son importantes barreras en el caso del Pasaje Quevedo.

A partir de su trabajo con las familias del lugar, Pasquale señala que entre ellos, los costos de los planos de mensura son el primer impedimento para tramitar el título de propiedad. “Las familias no inician estas acciones por imposibilidad económica, aunque tengan el anhelo de regularizar su inmueble”, asegura.

“Otro obstáculo tiene que ver con las dificultades en la coordinación interinstitucional entre los propios organismos involucrados, que impide que puedan desarrollar estrategias integrales para la regularización de títulos de propiedad en casos como este”, apuntan desde el proyecto.

El proyecto de regularización en el pasaje Quevedo

En 2025 el equipo de investigación y de profesionales de esta área de CEVE, a través de la Asociación de Vivienda Económica, obtuvo el financiamiento de la fundación internacional SELAVIP, para poder impulsar un proceso de regularización en el pasaje Quevedo.

El proyecto es uno de las 69 seleccionadas entre 326 propuestas de África, Asia y de América Latina y El Caribe, que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de familias en estos países.

Con esta iniciativa procuran contribuir a la seguridad en la tenencia de las viviendas, mediante la realización de las mensuras y los planos para la regularización dominial de casi 40 lotes.

Florencia Pasquale cuenta que surge como una respuesta a los resultados de un relevamiento de posesiones realizado en el sector. “Identificamos la necesidad de responder a la persistencia de situaciones de informalidad posesoria, mediante una estrategia integral y comunitaria para toda la manzana”.

Un aspecto fundamental del proyecto es la participación de las familias y la articulación interinstitucional como ejes clave para su ejecución. Por ello, además de CEVE y AVE, participan la Mesa de gestión barrial de Villa Siburu (CIC Siburu) y la Dirección general de Hábitat y Escrituración social, dependiente de la Municipalidad de Córdoba.