La ciencia al servicio de la sociedad

La ciencia que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas no es una entelequia o un postulado vacío; es el camino al que apuntan las Oficinas de Vinculación Tecnológica del CONICET en cada uno de sus centros en diferentes regiones del país.

María Elena Lizurume, coordinadora de la Oficina de Vinculación Tecnológica (OVT) en el Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET), asegura que muchas de las investigaciones que se realizan en la institución resultan de utilidad para la Provincia del Chubut.

“Parte de nuestros objetivos son la colaboración con la sociedad en cualquier ámbito. Pero se han dado que una sumatoria de servicios resultan puntualmente aplicables a la colaboración con la justicia como los relacionados a la antropología forense y los análisis genéticos, entre muchos otros”.

Según Lizurume, lo interesante es ver como la investigación científica pura es requerida por la justicia para determinar algo puntual.

A casi mil 4.000 kilómetros de distancia, en Córdoba, entre los múltiples Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) que ofrece el CCT desde su Oficina de Vinculación Tecnológica, existe uno en particular que colabora con la Justicia. Este consiste en el counseling Institucional en Materia Criminal que dirige la investigadora asistente del CONICET, Karin Arbach.

“Lo que ofrece el STAN a las administraciones de justicia es la asesoría en el diseño, validación e implementación de sistemas de evaluación del riesgo de violencia basados en modelos que han demostrado eficacia en otros lugares”, explica la científica.

El servicio se encuadra específicamente en el marco de la delincuencia violenta, con particular énfasis en el ámbito doméstico. Arbach se especializó en Cataluña donde, al igual que en algunas regiones del norte de Europa, Estados Unidos y Canadá, la justicia y el sistema socio-sanitario trabajan en conjunto con los investigadores para responder mediante la investigación científica a interrogantes relacionadas a la conducta violenta. “Esto hace posible el diseño de políticas criminales y de prevención de la violencia basadas en la evidencia”, asegura Arbach.

“Mi trabajo consiste en diseñar o adaptar, en caso de que ya existan, sistemas de evaluación que permiten estimar el riesgo de reincidir que tiene una persona que cometió un delito violento –agresión sexual, homicidios, violencia de género o familiar”, describe Arbach. Esto se apoya tanto en estudios científicos como también en experiencias exitosas en otros países.

Además, con estas herramientas no sólo se busca estimar la probabilidad de que una persona realice una conducta determinada, sino también y principalmente, identificar los factores de riesgo que la persona presenta para esa conducta, “es decir los elementos individuales, sociales y contextuales que incrementan la probabilidad de que esa conducta violenta suceda en un período de tiempo determinado, que en general pueden ser limitados a un número relativamente pequeño”, define la investigadora. Esto permite que las intervenciones particulares de cada caso sean más adecuadas, precisas y efectivas pues se orientan directamente a los puntos identificados en cada caso. Esto es lo que se llama gestión del riesgo de violencia.

La tecnología para la valoración del riesgo de violencia surge una vez que el concepto de peligrosidad comenzó a mostrar sus déficits. “En los ‘70 comienza a cuestionarse desde la psicología y la psiquiatría la idea de que las personas son o no son peligrosas de un modo determinante. Es un concepto dicotómico y estático, pero para tomar decisiones en función del potencial violento de una persona es necesario conocer el contexto, las circunstancias y los mecanismos que operaron y que pueden operar en ella. La valoración del riesgo propone que el riesgo que posee una persona para cometer una conducta violenta es contextual”, explica Arbach.

Desde esta perspectiva, la intervención debe estar basada en tres puntos fundamentales: 1) la valoración del riesgo que permite identificar a aquellos con mayores necesidades de intervención, 2) la intervención en los factores de riesgo que son modificables -abuso de sustancias, algunos rasgos de personalidad, por ejemplo- y que estén directamente relacionados con el riesgo de reincidencia y 3) la intervención adecuada a la responsividad (o estilos de respuesta) de la persona -lenguaje, capacidad de aprendizaje, entre otras-.

El STAN implica elegir el instrumento y adaptarlo o diseñar uno nuevo, de acuerdo a los requerimientos de la institución. En el proceso de adaptación y validación es imprescindible la capacitación de los diferentes agentes que intervienen en las instituciones para que ellos puedan utilizar los instrumentos y realizar las valoraciones de riesgo de manera ética y técnicamente correcta, sin la necesidad de la presencia constante de la investigadora. De esta manera, la ciencia ofrece una herramienta que, además de contribuir a la resolución de un problema de una manera eficiente, permite la autonomía de las personas que deben realizar sus tareas cotidianas en estos ámbitos a la vez que las asiste en la toma de decisiones profesionales.